IU advierte: «no vamos a permitir que se siga fuera de la legalidad porque el equipo de gobierno no sepa buscar soluciones» [Vídeo]

Así lo transmitía Laura Fernández, edil del grupo, acerca de lo que consideran una gestión ilegal por parte de Aqualia del pozo de titularidad pública de la avenida Adolfo Suárez. «Hemos instado varias veces al equipo de gobierno a que nos dé explicaciones», criticaba, «hasta de la valla ilegal han pasado factura al Ayuntamiento de Almansa, esto es el colmo».

Desde Izquierda Unida informan de que, en base a sus derechos fundamentales de acceso a la información como concejales, han registrado una solicitud dirigida a Javier Sánchez Roselló, Alcalde de Almansa, «para que nos dé la información detallada sobre este asunto». En el documento se pide conocer, primero, «el método utilizado para proceder a la cesión de la gestión del pozo» y «a qué normativa se acoge». En segundo lugar, se solicita información sobre las lecturas del contador de ese pozo que instaló la empresa, para así poder «comprobar las lecturas e ingresos». En tercer lugar, conocer en qué estado se encuentra el expediente sobre la colocación de la valla, instalada a pesar de la negativa de urbanismo. Ante esto, Fernández señala que «parece que hay más deferencias con Aqualia que con cualquier ciudadano al que en estos casos se le solicita regularizar o demoler». Y, en último lugar, también se pide información sobre las facturas, ingresos y gastos en general, y un registro detallado de la cantidad de agua suministrada. Se exige concretar, igualmente, «por qué se ha permitido por parte del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos como gasto la valla ilegal».

Laura Fernández asegura que «espera que contesten en el plazo legal establecido», y a raíz de la respuesta recibida «se decidirá si tomar medidas». «Anteriormente intentamos buscar soluciones, pero su respuesta fue que "o tenemos a Aqualia o dejamos a los usuarios sin agua para llenar aljibes y piscinas"». Desde IU rechazan este «intento de culpabilizarles de las consecuencias de su mala gestión», y afirman que «desde 2019 ya deberían haber buscado una solución a este asunto». Por ello, advierten que «no van a permitir que se siga fuera de la legalidad porque el equipo de gobierno no sepa buscar soluciones».