El Grupo de la Izquierda Plural en el Congreso de Diputados, en el día de la víspera de la proclamación del príncipe Felipe, motivada por la abdicación del rey Juan Carlos I el pasado 2 de junio y ratificada por los partidos que dan soporte a la Institución Monárquica en sesión Plenaria, celebrada en el Parlamento el 11 de Junio, hace pública la siguiente DECLARACIÓN:
CONSIDERANDO que el artículo 1 de la Constitución Española establece “que la soberanía nacional reside en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado”, con la sucesión se impide el ejercicio de tal soberanía al traspasar de padre a hijo la Jefatura del Estado sin consulta al soberano.
CONSIDERANDO que la elección por derecho de sangre es propia de otros siglos de nuestra historia, en los que la dinastía Borbón limitó, cuando no imposibilitó directamente, el gobierno democrático de un pueblo que, en dos ocasiones, la destronó para ser el único dueño de su destino.
CONSIDERANDO que el único y verdadero heredero de la Jefatura del Estado ha de ser el pueblo y que no se le da la palabra, no seremos cómplices del hurto que se realiza.
CONSIDERANDO que la legalidad solo es legítima cuando hay un reconocimiento y aceptación de la norma, que hace innecesario el uso del poder para imponer su cumplimiento, como cuando todos los poderes emanan del pueblo.
CONSIDERANDO que la legitimidad se gana en las urnas y que la monarquía carece de legitimidad de origen; al constituirse en pie forzado de la transición, y cuya legitimidad de ejercicio se ha visto empañada por la corrupción, la opacidad y la obstrucción a la Justicia.
CONSIDERANDO que cuando la calle reclama más democracia, la mayoría del Congreso se muestra ciega y sorda, que se rodea el Parlamento de policía en lugar de combatir la desigualdad que incrementa la crisis de la democracia y se impide votar al pueblo como ciudadanos libres para ser soberanos frente a los mercados.
CONSIDERANDO que la negación a que las convicciones republicanas puedan expresarse en un referéndum, encierra la intención de ocultar la realidad de que la propuesta republicana aparece como una salida ilusionante que ampare y profundice los derechos de sus ciudadanos a una vida digna.
CONSIDERANDO que la Constitución consagra el derecho de todos los ciudadanos a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, sin embargo, contradictoriamente con el espíritu constitucional, la Jefatura del Estado queda reservada para los miembros de una familia francesa impuesta por las armas en 1707-1714.
CONSIDERANDO que la figura del Jefe del Estado jamás puede estar exenta de responsabilidad por el cargo que ostenta y que, siendo la más alta institución del Estado, no puede permanecer bajo privilegios de inviolabilidad e irresponsabilidad y su extensión como aforamiento a la familia real.
CONSIDERANDO que la monarquía vulnera el principio de igualdad por razón de nacimiento y, además, nos priva del derecho a que algún día el resto de ciudadanos y ciudadanas puedan llegar a ocupar la Jefatura del Estado sin discriminación por razón de sexo.
CONSIDERANDO la crisis de régimen que vive nuestro país y que el pueblo reclama decidir sobre su futuro, la abdicación del rey exige un debate a fondo sobre la monarquía. Porque decidir entre monarquía o república significa decidir entre monarquía y democracia, entre impedir que el pueblo hable con celebraciones propias de la Edad Media o atreverse a darle la voz.
Por todas esas consideraciones y otras más no recogidas en el cuerpo de esta declaración, los diputados y diputadas del Grupo de la Izquierda Plural, manifestamos:
1. Que no participaremos en el acto de proclamación de Felipe VI por coherencia con la defensa del referéndum y por nuestra exigencia de una democracia real en la elección de todos los cargos del Estado.
2. Que continuaremos trabajando para conseguir la celebración de un REFERÉNDUM para que sea el pueblo quien decida la forma de Estado con la que quiere gobernarse.
3. Que seguiremos defendiendo los principios y valores republicanos, avanzando hacia un proceso constituyente en una democracia plena que sea garante del cumplimiento de los derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos como derechos fundamentales de ciudadanía.
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