El diputado de IU y portavoz parlamentario de Justicia expresa directamente a los ‘populares’ su indignación por la proposición de ley presentada: “¡Qué vergüenza intercambiar relaciones comerciales por derechos humanos!
Intervención íntegra de Gaspar Llamazares en el Pleno del Congreso :
"Señorías, hace 28 años el Gobierno argentino aprobaba la llamada Ley de Punto Final a la que venía unida la Ley de Obediencia Debida. Hoy el Gobierno del Partido Popular tiene el dudoso honor de aprobar una ‘ley de punto final’ en jurisdicción penal internacional y en seguir obediente, con obediencia debida, lo que le mandatan el resto de los gobiernos a cambio de relaciones comerciales. ¡Qué vergüenza intercambiar relaciones comerciales por derechos humanos!
Señorías, esta iniciativa es vergonzosa y vergonzante. Es vergonzosa porque no es una reforma de la jurisdicción penal internacional, no es cierto, es una derogación de la jurisdicción penal internacional, porque díganme ustedes qué delito de lesa humanidad vamos a perseguir con la condición de que la víctima sea española, que el victimario sea español o residente en España; ningún delito que tenga que ver con la jurisdicción internacional, ningún delito de lesa humanidad, ningún genocidio y ninguna vulneración fundamental de los derechos humanos. Por tanto derogación de la jurisdicción penal internacional y garantía de la impunidad.
En segundo lugar, es una iniciativa vergonzante porque es verdad que se ha utilizado más veces la proposición de ley, tiene razón el portavoz del Grupo Popular, pero no se ha utilizado la proposición de ley como en este caso, con dos objetivos. El primer objetivo es evitar los informes de los órganos consultivos del Estado: el informe del Consejo General del Poder Judicial, el informe del Consejo de Estado y el informe del Consejo Fiscal, que son vitales en una reforma de la jurisdicción penal internacional; y en segundo lugar, para evitar un trámite de debate público que ustedes van a convertir en un debate sumarísimo en el Congreso de los Diputados.
Por tanto, señorías, vergonzosa y vergonzante. Pero lo que más nos preocupa es que es una iniciativa humillante para las víctimas, humillante para todas las víctimas, para las de primera y para las de segunda; para las víctimas cuyos delitos se van a perseguir en el ámbito internacional, por ejemplo las de terrorismo, pero también para otras víctimas de genocidio o de tortura cuyos delitos no se van a perseguir a través de la jurisdicción penal internacional, dadas las restricciones que plantea el Gobierno.
En definitiva, humillante para las víctimas pero humillante, también, para el país. Señorías, cambian ustedes la marca España por la ‘marca de Caín’. De ser un país de referencia internacional en la lucha en defensa de los derechos humanos convierten ustedes a este país en el país de la impunidad en la lucha contra la vulneración de los derechos humanos, hacia atrás, en la impunidad de la lucha contra la vulneración de los derechos humanos por parte del franquismo; y, también, en un país donde se fomenta la impunidad en la lucha contra las vulneraciones a los derechos humanos a nivel internacional.
Dice el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que extienden los delitos, aumenta el número de delitos. Eso se hace siempre que se actúa con hipocresía. Cuando se actúa con hipocresía siempre se intenta embarrar el campo, y el Partido Popular en esta iniciativa intenta embarrar el campo. Aumenta el número de delitos de una forma enorme, delitos que por otra parte están ya contemplados en otros convenios de carácter internacional, y los aumenta para ocultar lo fundamental, embarra el campo para ocultar la jugada.
¿Cuál es la jugada? La jugada es restringir las posibilidades de acudir a la jurisdicción penal internacional. Las restringe al máximo, a tal punto que va a ser imposible acudir a la legislación penal internacional, en primer lugar, porque las características de víctima y victimario españoles van a obstaculizar en un 90% las posibilidades de la jurisdicción penal internacional, pero si algún 10% se escapase el Gobierno también plantea que solamente se podrá hacer por parte de la Fiscalía o por parte del afectado por el delito. Señorías, un poco de respeto para quienes han sido objeto de genocidio, de torturas, quienes han sido objeto de crímenes de lesa humanidad. En este caso la acusación popular es esencial, si no hay acusación popular no hay persecución del delito internacional.
Por otra parte, el Gobierno establece un mecanismo que a nosotros nos parece claramente inconstitucional. En nuestra opinión es inconstitucional denunciar mediante esta ley seis convenios internacionales, como el Tratado de Roma, la Convención contra la Tortura o la convención que tiene que ver con las desapariciones forzadas. El Gobierno de manera implícita denuncia esos tratados sin denunciarlos, de alguna manera establece restricciones a los propios tratados, pero luego desde el punto de vista constitucional la medida de convertir esta ley en una ley retroactiva tiene todos los reproches constitucionales posibles.
El hecho de pretender archivar todas las causas abiertas en estos momentos en aras de la jurisdicción penal internacional es una pretensión inconstitucional, por retroactiva y porque, en nuestra opinión, entra en el campo vedado del procedimiento judicial y de los derechos de las víctimas. El Gobierno no puede entrar a legislar de tal manera que acabe con un procedimiento abierto, eso es en nuestra opinión claramente inconstitucional.
Estas son nuestras razones para rechazar la ‘ley de punto final’. Hay que decir que hubo una ‘ley de punto y aparte’. En 2009 el Gobierno del Partido Socialista, sin la unanimidad de la Cámara, sin diálogo previo, aprobó una ‘ley de punto y aparte’. Hoy el Partido Popular aprueba la ‘ley de punto final’ a la jurisdicción penal internacional, y nosotros lo lamentamos.
Pero queremos recordarle algo al Partido Popular: el Gobierno Menem en aquel momento pensaba que con la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida acababa con las reclamaciones del pasado, acababa de alguna manera con las reclamaciones de los derechos humanos, y ponía puertas abiertas a la impunidad. Se equivocó. Al cabo de unos años la ciudadanía, los jueces y un futuro Congreso, en este caso un futuro Parlamento argentino, derogó la Ley de Punto Final y la Ley de Obediencia Debida. Yo estoy convencido de que en un futuro esta ley también se derogará y se recuperará la persecución penal internacional de los delitos, la defensa de los derechos humanos.
Termino diciendo algo que en mi opinión es muy importante. Mañana vienen ocho personas a declarar en el juicio del genocidio del Sahara; mejor dicho, venían, porque en aplicación retroactiva de esta ley el Gobierno no les ha dado visados para que vengan a declarar. El Gobierno actúa ya como si la ley estuviera aprobada, con la política de siempre, con la política de los hechos consumados, la política de los hechos consumados con españoles con carné que han aparecido en esas fosas comunes del genocidio de los pueblos saharaui, tibetano, salvadoreño, guatemalteco, chileno, argentino, sudanés, etcétera, todos esos pueblos quedan olvidados en esta iniciativa.
Para finalizar diré que no es cierto, señorías, que no haya servido de nada. En todas las sentencias de los tribunales chilenos, de los tribunales argentinos, de los tribunales guatemaltecos se hace referencia al papel básico que ha jugado la jurisdicción penal internacional para que se abrieran sus causas y para que esas causas terminasen en condenas, como la condena de los dictadores Videla o Ríos Montt. Por tanto esa jurisdicción penal internacional es muy importante. Y no es subsidiaria, no es cierto. Ustedes interpretan la legislación internacional a su acomodo. La legislación en esta materia, la persecución penal internacional de nuestro país es complementaria, no subsidiaria, al mismo nivel que el Tribunal Penal Internacional. Muchas gracias."
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