En el escrito de ampliación de querella registrado hoy en la Audiencia Nacional se vincula también a 9 supuestos delitos al que fuera gerente del PP en Galicia, Ángel Piñeiro, y a otros 15 empresarios que figuran en los ‘papeles de Bárcenas’ como donantes del partido de Mariano Rajoy.
Izquierda Unida, junto a las cuatro asociaciones con las que presentó el pasado 28 de febrero una querella criminal contra los ex tesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, varios dirigentes de este partido y diversos empresarios que les entregaron donaciones, ha dirigido hoy al Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional un escrito de ampliación de querella. 
En el mismo, además de atribuir la “probable y posible comisión” de un delito contable a los anteriores querellados e imputados en la pieza separada que ya se investiga, amplia la petición de actuación judicial a los ex secretarios generales y ex ministros del PP Francisco Álvarez-Cascos Fernández y Ángel Acebes Paniagua, además de a 15 empresarios y un dirigente político que no estaban incluidos en la querella original.
A Álvarez-Cascos -tesorero en funciones del PP entre 1990 y 1993 y secretario general entre enero de 1989 y enero de 1999, además de los cargos que ocupó en diversos gobiernos de José María Aznar entre 1996 y 2004- y a Acebes –secretario general adjunto del PP en 2003 y secretario general entre octubre de 2004 y junio de 2008, junto a sus puestos en el distintos ejecutivos de esta formación también hasta 2004- se les atribuye la posible comisión de 12 delitos: contable, asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, fraude y exacciones ilegales, encubrimiento, falsedad de fondos electorales y apropiación indebida de fondos electorales.
Del mismo modo, se señala la probable comisión de 9 delitos –contable, asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la Hacienda Pública, fraude y exacciones ilegales y encubrimiento- a 15 empresarios y un dirigente político. Se trata de Ángel Piñeiro, gerente del Partido Popular de Galicia entre 1990 y 1996; Ignacio López del Hierro, directivo de Construcciones y Gestiones de Servicios S.A. (CGS), apoderado de Constructora Continental S.A y consejero ejecutivo de Metrovacesa, entre otros cargos; Rafael Palencia, presidente de Degremont Iberia; José Luis Rodríguez Moreno, más conocido como José Luis Moreno, empresario de comunicación audiovisual; Lucio Moreno de Guerra, director general corporativo de Applus Servicios Tecnológicos, del grupo de Aguas de Barcelona (Agbar); Cecilio Sánchez Martín, quien fuera Director Comercial de la Zona Este del departamento de Gestión de Aguas de la mercantil Fomento de Construcciones y Contratas (FCC); Camilo José Alcalá Sánchez., presidente-consejero delegado de CYOPSA-SISOCIA S.A.; José Antonio Romero Polo, administrador de la mercantil Grupo Romero Polo; José Luis Suárez, presidente de Construcciones Parraño S.A. (COPASA), después denominada “S.A. de Obras y Servicios COPASA; Vicente Cotino Escrivá, administrador único de ASEDES CAPITAL S.A., empresa matriz de SEDESA y de SEDESA INVERSIONES y SEDESA OBRAS y SERVICIOS; Joaquín Molpeceres Sánchez, del Grupo LICUAS S.A.; Antonio Pinal Gil, presidente-consejero delegado de grupo empresas Bruesa Construcción S.A.; Ignacio Ugarteche González de Langaríca, consejero de Urazca Construcciones desde agosto 2003 y consejero delegado desde septiembre 2005; Ramón Aigé Sánchez, presidente de SORIGUE-ACSA Conservación de Infraestructuras S.A.; Pilar Pulido Sánchez, directiva de Ads Brokers, y Ángel Salado, Administrador de Bio Combustibles y Energías Renovables de Castilla-La Mancha S.L.
Izquierda Unida, junto a la Asociación Justicia y Libertad, Asociación Libre de Abogados (ALA), Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes, piden que esta ampliación de querella se incorpore a la pieza separa ‘Informe UDEF-BLA Nº 22.510/13 obrante en las diligencias previas 275/2008.
Los querellantes alegan que “los hechos denunciados -pagos y cobros ilícitos que figuran en los documentos denominados ‘papeles de Bárcenas’-, de confirmarse su veracidad, serian constitutivos, al igual que ocurre respecto a los ya investigados en esta causa, de delitos que habrían supuesto graves defraudaciones y maquinaciones para alterar precios, con grave repercusión para el tráfico mercantil, en la economía nacional, habiendo podido causar un perjuicio patrimonial a una pluralidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, y también habiendo podido incidir en la toma de decisiones en materia de política económica”.
En el texto de la ampliación de querella se indica que “la totalidad de las personas imputadas en estas actuaciones han sido administradoras de hecho o de derecho de distintas personas jurídicas, ya fueren sociedades mercantiles o un partido político, el Partido Popular (PP). Todos ellos han venido falseando las cuentas anuales de las entidades que administraban, ya fuere con el fin de ocultar en la contabilidad de las empresas el dinero con el cual se efectuaban pagos irregulares, ‘dinero negro’, al tesorero y al gerente del Partido Popular, o ya fuese, en el caso de estos últimos, con el fin de ocultar el dinero entregado por los empresarios y recibido a través suyo por el Partido Popular”.
“Este dinero –continúa- ha sido posteriormente aplicado por los administradores del Partido Popular al pago de forma irregular de cantidades económicas diversas y la mayoría de las veces de forma constante, a dirigentes del PP y a altos cargos de la administración del Estado, algunos incluso revestidos con el cargo de ministros. Los pagos efectuados por los imputados Bárcenas y Lapuerta a los dirigentes del Partido Popular, al igual que los aplicados en pagos opacos a proveedores, han sido omitidos de la contabilidad oficial del Partido Popular, por lo que también en este supuestos se habría falseado la contabilidad de dicho partido”.
Los querellantes consideran que “también ha afectado a intereses generales, a la vista de que dicho ‘dinero negro’ ha sido aplicado a gasto electoral de forma irregular, habiendo incluso ganado dos elecciones general el Partido Popular (años 1996 y 2000) utilizando estos fondos ilícitamente recaudados”.
En relación a Álvarez Cascos el texto recuerda distintos apuntes recogidos en los ‘papeles de Bárcenas’ sobre su actuación, para resumir que el total que habría percibido según los apuntes contables del ex tesorero ahora en prisión asciende a 600.000 euros, mientras que el “total entregado” por el ex dirigente asturiano del PP al también ex tesorero Álvaro Lapuerta suma 47 millones de pesetas, equivalente a 282.475,69 euros.
En la declaración ante el juez del pasado 15 de julio, Bárcenas relató que el ahora querellado Álvarez-Cascos, además de percibir los pagos irregulares indicados, también ‘recaudaba’ dinero entre empresarios ‘donantes’, dinero que posteriormente entregaba a Álvaro Lapuerta para que éste lo aplicara a la realización de los pagos ilícitos a dirigentes o proveedores del Partido Popular.
El propio Francisco Álvarez-Cascos reconoció en su declaración testifical del 13 de agosto que ocupó interinamente la Tesorería del Partido Popular entre los años 1990 y 1993, coincidiendo con el periodo trascurrido entre el cese del tesorero Ángel Naseiro y el nombramiento del ahora imputado Álvaro Lapuerta como tesorero. En dicho periodo, es decir, ocupándose de las funciones de tesorería Álvarez-Cascos, se recogen en los ‘Papeles de Bárcenas’ ingresos en dinero opaco por 144 millones de pesetas aproximadamente, habiéndose gastado, salidas, de forma irregular y también opaca a la Hacienda Pública aproximadamente la misma cantidad.
La ampliación de querella recoge también abundantes datos sobre los cuatro años (2000-2004) durante los que el político asturiano fue ministro de Fomento. En ese periodo aparecen reflejados pagos al PP que “habrían sido hechos por directivos de grandes empresas de infraestructuras y construcción que eran contratistas de la Administración en ese periodo, especialmente del Ministerio de Fomento”.
Respecto a Ángel Acebes, se señala que en los ‘papeles de Bárcenas’ se incluye que “al menos desde 2004 percibió en provecho propio dadivas por 107.100 euros, pagados por persona interpuesta, procedentes de pagos efectuados por empresas privadas”.
“Igualmente –prosigue la querella-, durante el mandato del ahora querellado como secretario general del Partido Popular -15 de octubre de 2004 al 21 de junio de 2008-, en los denominados ‘papeles de Bárcenas’ aparecen reflejados ingresos presuntamente ilícitos por importe de 2.352.500 euros, así como pagos efectuados por el PP con dichos ingresos por importe de 2.328.192 euros (…) El ahora querellado habría tenido participación directa en la realización de la anterior recaudación y en la aprobación de los anteriores pagos efectuados por el PP con dinero ilícitamente obtenido”.
A juicio de esta acusación popular, Acebes “participó activamente, en su calidad de secretario general del PP entre el 15 de octubre de 2004 y el 21 de junio de 2008, en el sistema de financiación que de forma irregular organizó y mantuvo esos años el Partido Popular, habiéndose beneficiado directa y personalmente del mismo al haber percibido al menos 107.100 euros procedentes de dicho sistema de financiación irregular”.
En la parte de la ampliación de la querella correspondiente a la ‘Relación circunstancia de los hechos’ se señala que “conforme al contenido de los documentos contables denominados ‘papeles de Bárcenas’, el dinero de origen ilícito percibido por el Partido Popular ascendería a un importe de 6.687.344 euros, habiéndose efectuado por los ya imputados Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, pagos de dádivas a dirigentes del Partido Popular y altos cargos de la Administración, incluidos ministros, por valor de 6.550.411 euros, pagos efectuados directamente a las personas indicadas en los ‘Papeles de Bárcenas’ -en forma opaca a la Hacienda Pública- o bien a otros miembros del Partido Popular o proveedores de esta formación política previo ingresos, en forma troceada, de las cantidades recaudadas ilícitamente en las cuentas corrientes abiertas por el Partido Popular en el Banco de Vitoria y después en Banesto para el ingreso de donaciones, efectuándose estos traspasos de recursos de la contabilidad B a la contabilidad oficial del PP, mediante ingresos efectuados en efectivo por personal del PP en la caja del banco, en concepto de donativos ‘anónimos’”.
“Los pagos efectuados al Partido Popular por los ahora querellados, que habrían sido efectuados en nombre de las personas o sociedades mercantiles que constan en dicha documentación contable (…) suman un importe total de 3.319.883,58 euros”, se indica también.
La ampliación de querella concluye con una detallada tipificación de los hechos delictivos en el apartado de fundamentos de derecho.
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