Ante la aprobación el pasado viernes, en Consejo de Ministros, del Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, el Coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, ha señalado que “de salir adelante con el contenido actual, supone un intento claro de reducir la autonomía municipal y secuestrar la democracia local, lo que en la práctica se va a reflejar en menos servicios públicos, miles de despidos y un recorte más de derechos a todos los ciudadanos”
Para el máximo responsable de IU en Castilla-La Mancha, “con este proyecto el Gobierno pretende la privatización sistemática de los servicios públicos municipales, muchos de los cuales desaparecerían, especialmente los servicios de proximidad como los servicios sociales, de atención a la mujer o de lucha contra la violencia de género”.
Según cálculos de Izquierda Unida, la desaparición de estos servicios implicaría además la pérdida de entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo en Castilla-La Mancha, y 200.000 a nivel nacional.
Además, ha aseverado Martínez, “es una reforma que afecta de forma especialmente negativa a las zonas rurales, muy castigadas por las políticas de recortes de Cospedal, ya que los vecinos de unos 900 pueblos de la región, el 95% de los municipios, no van a tener servicios sociales, ni políticas de igualdad, ni culturales, ni de desarrollo o creación de empleo, lo que conlleva una clara discriminación y desigualdad”.
Para Martínez, “este proyecto de ley cercena la democracia local, a la vez que “las diputaciones ganan más poder, se promociona la fusión de municipios con la consecuente pérdida de servicios y se podrá intervenir unilateralmente a los ayuntamientos con problemas económicos”.
Por estas razones, desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha se pide al Gobierno central que retire una reforma local que “nace deslegitimada y sin acuerdo”, eludiendo cualquier tipo de acuerdo y obviando que los ayuntamientos no has contribuido al problema de la deuda pública y no afrontando aspectos claves como una justa financiación local.
Izquierda Unida seguirá “plantando cara” a la reforma local del PP promoviendo movilizaciones ciudadanas, defendiendo la democracia local, los servicios públicos y el empleo desde la calle y las instituciones.
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