Las otras medidas que no hubieran hecho sangre.

Por Evaristo Pitaluga i Poveda

Si el Presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, en vez de tomar las tijeras para reducir la deuda, como le han mandado desde los gobiernos conservadores y neoliberales de Europa y EE. UU., hubiera tomado la sartén por el mango, como le ha demandado la sociedad española, hubiera podido salir de la crisis sin haberse manchado las manos de sangre.

Podía haberse fijado que el fraude fiscal y la economía sumergida reducen de forma decisiva los recursos de nuestro sistema financiero, limitan la financiación del conjunto de las Administraciones Públicas, la cobertura de las necesidades sociales y comprometen el futuro desarrollo económico y social del país, produciendo desigualdades en las aportaciones de los distintos colectivos de contribuyentes, rompiendo los principios de justicia, igualdad y progresividad del sistema, fomentando la desvinculación de los contribuyentes con sus deberes fiscales y generando agravios y desvertebración social.

El combate contra el fraude fiscal y la economía sumergida es un factor determinante en la corrección del déficit público por su montante tan importante; diversos estudios solventes fijan el volumen de economía sumergida en nuestro país entre el 23 y el 25% del PIB. Una disminución de esta lacra hasta el 12%, (que es la media europea) representaría una recaudación fiscal aproximada de unos 4 puntos de PIB; esto es, la adopción de medidas enérgicas y eficaces tiene evidentes consecuencias positivas para la recaudación fiscal.

Si verdaderamente hubiera una intención en mejorar la contribución fiscal, el gobierno debería aumentar el personal de la AEAT hasta converger con la media europea, cambiar los procedimientos de trabajo de la AEAT, buscando la calidad de la inspección más que la cantidad. Inspeccionar a los grandes defraudadores de forma concienzuda y meticulosa, es más rentable que hacer cientos de inspecciones a quienes defraudan poco; es una forma de infrautilizar los pocos recursos de personal de la AEAT. También se deberá reformar la metodología, la organización y la distribución del trabajo y las competencias internas.

Apoyar a las pequeñas empresas y autónomos facilitando la concesión de préstamos de la línea ICO-liquidez, que serían facilitados directamente por el ICO, apoyándose en los estudios de riesgo y estableciendo un convenio entre el ICO y las Cajas de Ahorro (esas que tanto quieren privatizar los bancos y los mercados internacionales) para facilitar los créditos.

Desde las administraciones públicas se deberían incluir cláusulas sociales en los contratos y licitaciones de las Administraciones Públicas priorizando pequeñas empresas y autónomos con la finalidad de mantener el empleo, mejorar su calidad y lograr una gestión medioambiental sostenible, extendiendo esas cláusulas a las subcontrataciones. Reservar el 20% de las licitaciones cuyo importe en gastos de personal supere el 50% del valor total del contrato a empresas con menos de 20 trabajadores e introducir cláusulas para todas las licitaciones que valoren la cantidad y calidad del trabajo adscrito al contrato, el mantenimiento del empleo y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los convenios colectivos.

Reforzar las plantillas en los servicios sociales y en actividades vinculadas a la mejora del modelo productivo dependientes de la Administración General del Estado; la Administración de Justicia que tan mal funciona por la falta de Jueces, Secretarios Judiciales y sistemas informáticos; los hospitales y centros de salud en los que no pueden programarse adecuadamente las intervenciones por falta de médicos y personal de enfermería y la educación que mantiene unos ratios en las aulas que no favorecen la calidad de la enseñanza. La rapidez con la que se degradan las instalaciones dependientes de las administraciones públicas es debida al control deficitario que se realiza durante su construcción e instalación debido a la falta de técnicos para realizar las correspondientes inspecciones.

En general debería adoptar medidas que priorizan la rentabilidad social al beneficio empresarial, que garantizan la cantidad y calidad del empleo y todas las que prioricen la prestación de un servicio público por la misma administración ya que si lo presta otra empresa, el beneficio empresarial saldrá de dos sitios: la merma en la calidad del servicio prestado o la reducción de la contraprestación dineraria a quien lo realiza.

El Sr. Zapatero debería reconsiderar su política y darse cuenta que es el gobierno más débil de la Unión Europea, que aprobó las medidas de recorte del déficit público en la más triste de las soledades, sin el apoyo de ninguno de los restantes grupos del Congreso de los Diputados y después de haber recibido la sentencia de Duran Lleida anunciándole que su gobierno podría finalizar a la hora de tener que aprobar los próximos presupuestos generales del estado, una monumental bronca en el Senado y una rebelión municipal, ante la cual hubo que hacer una misteriosa “corrección de errores”.

El gobierno ha cogido las tijeras que los conservadores y liberales Nicolas Sarkozy, David Cameron, Angela Merkel, y Barack Obama le han dado para cortar el tallo de la rosa, y han sido las espinas de ese tallo las que hacen sangre, como reza la canción de Mecano, ‘Una rosa es una rosa’ y, al abrir la mano, ha dejado caer la rosa.

‘… y cuando abrí la mano y la deje caer volvieron a sangrar las llagas en mi piel …’

Está claro que la rosa ya está en el suelo, las pensiones y los sueldos de los funcionarios también y pronto, los contratos laborales.