Madrid, 8 de febrero de 2010
La Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Unida ha dado esta tarde su visto bueno a la propuesta lanzada por el coordinador federal de IU, Cayo Lara, para promover desde esta formación una campaña para recoger 500.000 de firmas a nivel estatal que permitan presentar una proposición de ley que garantice que no se producirán modificaciones restrictivas de derechos en el sistema de pensiones vigente.
Esta propuesta de IU aprobada hoy por su Ejecutiva busca garantizar de forma clara que la edad oficial de jubilación seguirá en los 65 años, que el periodo de cómputo para calcular la cuantía de la pensión no será superior a los 15 años, que la revalorización anual de las pensiones se hará de acuerdo al IPC anual y se buscará que se incremente para las pensiones más bajas.
El órgano de dirección de IU debatió de forma muy constructiva sobre las características técnicas que deberá reunir la propuesta aprobada para que se pueda tramitar como Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ante el Congreso de los Diputados previamente al comienzo de recogida de firmas en todo el Estado.
Además, Izquierda Unida invitará a colaborar activamente en esta iniciativa a los sindicatos y movimientos sociales que rechazan el ‘pensionazo’ planteado por el Gobierno socialista para lograr las firmas necesarias con la mayor rapidez y mostrar a los promotores de este recorte de derechos y a quienes se puedan sumar a él el amplísimo rechazo social que despierta esta medida.
La propuesta aprobada hoy fue lanzada por Cayo Lara durante las Jornadas ‘Alternativas de la Izquierda para un Nuevo Modelo Productivo en el Marco de una Economía Sostenible’ celebradas este fin de semana en un hotel madrileño. A lo largo de ellas se concretó la respuesta que se dará a la Ley de Economía Sostenible elaborada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, y que esta formación plasmará en las próximas semanas en un amplio texto. Al mismo tiempo, se sentaron las bases para frenar desde este momento cualquier retroceso en cuanto a los derechos actuales sobre el sistema de pensiones o sobre el mercado de trabajo a través de la futura reforma laboral.
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